La Comisión de Salud del Senado aprobó en general, en enero de 2026, el proyecto de ley que exige una etiqueta diferenciada para los alimentos ultraprocesados y prohíbe su publicidad dirigida a menores de 14 años. La iniciativa (Boletín 15607-07) no reemplaza la ley del octógono de 2016, sino que la complementa con una categoría específica para productos con más de cinco ingredientes de origen químico-industrial. El proyecto debe completar su tramitación legislativa antes de convertirse en ley.
Qué aprobó la Comisión de Salud del Senado
La aprobación en general —también llamada aprobación de la idea de legislar— es el primer paso formal del proceso legislativo en el Congreso chileno. Significa que los integrantes de la comisión validan que el tema merece regulación, pero aún no están aprobando el texto específico de los artículos. Esa discusión particular vendrá después.
La votación en la Comisión de Salud fue favorable. Votaron a favor los senadores Ximena Ordenes, Iván Flores (quien la presidía), Francisco Chahuán y Juan Luis Castro. La moción fue presentada por la senadora María José Gatica.
Daniela Godoy, oficial superior de Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la FAO, valoró el avance:
Este proyecto creemos que viene a complementar la ley existente que ya ha rebajado.
Qué define al alimento ultraprocesado según el proyecto
El proyecto define como ultraprocesado todo producto que contenga más de cinco ingredientes de proceso químico-industrial. La definición se alinea con los principios de la clasificación NOVA, un sistema desarrollado por investigadores de la Universidad de São Paulo y adoptado como referencia por organismos internacionales de salud.
La clasificación NOVA divide los alimentos en cuatro grupos según el nivel de procesamiento al que han sido sometidos. El grupo 4 —el de los ultraprocesados— incluye productos como bebidas gaseosas, galletas rellenas, cereales azucarados, embutidos industriales, panes de molde con múltiples aditivos y snacks. Lo que los define no es solo su perfil nutricional, sino la cantidad y el tipo de ingredientes que intervienen en su elaboración.
Qué cambia respecto a la ley del octógono de 2016
La ley 20.606, vigente desde 2016, introdujo en Chile los octógonos negros de advertencia para productos altos en azúcar, sal, grasas saturadas y calorías. Su impacto fue significativo: redujo la ingesta per cápita de esos productos en un 23%. Es una de las referencias internacionales más citadas en políticas de etiquetado alimentario.
El nuevo proyecto opera con una lógica diferente. Un alimento puede no tener octógono —porque sus niveles de azúcar, sal o grasa están dentro del umbral— y aun así ser clasificado como ultraprocesado si su lista de ingredientes supera los cinco de origen industrial. Ambos sistemas son complementarios, no excluyentes.
La diferencia también se extiende a la publicidad. La ley de 2016 ya restringía la publicidad de productos con octógono dirigida a menores. El nuevo proyecto amplía esa restricción específicamente a los alimentos categorizados como ultraprocesados, fijando en 14 años el límite de edad protegida.
Qué dicen los senadores sobre la necesidad del proyecto
El senador Francisco Chahuán subrayó durante la sesión la importancia de la educación como parte de una estrategia de salud preventiva. Mencionó la alfabetización sanitaria —que incluye la lectura de etiquetas— como una herramienta clave para que los consumidores tomen decisiones informadas frente a los productos que encuentran en los supermercados.
El enfoque preventivo es el hilo conductor del proyecto. La lógica detrás de la etiqueta de ultraprocesados no es prohibir su consumo, sino garantizar que el consumidor tenga información visible y comprensible sobre el tipo de producto que está adquiriendo. La información actualmente disponible —lista de ingredientes e información nutricional— está presente en los envases, pero su lectura e interpretación requieren conocimiento técnico que la mayoría de los consumidores no tiene.
Qué falta para que el proyecto se convierta en ley
La aprobación de la Comisión de Salud en enero de 2026 es el primer paso. Para convertirse en ley, el proyecto debe pasar por la discusión particular en la misma comisión, la votación del pleno del Senado, la tramitación completa en la Cámara de Diputados y la promulgación por parte del Ejecutivo. En cada etapa puede ser modificado.
El debate legislativo sobre alimentos procesados en Chile forma parte de un movimiento regulatorio más amplio. En paralelo, la regulación de otros aditivos como los petrocolorantes avanza en un contexto internacional de mayor escrutinio hacia los ingredientes de síntesis industrial en la alimentación. A nivel local, la normativa que fortifica la leche y la harina con vitamina D muestra otro frente de la regulación alimentaria, esta vez orientado a corregir una deficiencia nutricional generalizada en la población chilena.
Los plazos de implementación se definirán en el texto final de la ley una vez que complete su tramitación.
Preguntas frecuentes
1. ¿Qué aprobó el Senado sobre alimentos ultraprocesados?
La Comisión de Salud aprobó en general el proyecto Boletín 15607-07, que exige una etiqueta específica para productos con más de cinco ingredientes de origen químico-industrial y prohíbe su publicidad a menores de 14 años. Es la aprobación de la idea de legislar, no del texto final.
2. ¿Qué define al alimento ultraprocesado según este proyecto?
Un producto con más de cinco ingredientes de proceso químico-industrial. La definición sigue los principios de la clasificación NOVA. No se basa solo en el perfil nutricional, sino en la composición y el origen industrial de los ingredientes.
3. ¿Qué diferencia hay entre este proyecto y la ley del octógono?
La ley 20.606 de 2016 advierte sobre nutrientes específicos (azúcar, sal, grasas, calorías). El nuevo proyecto añade una categoría por tipo y cantidad de ingredientes. Un producto puede no tener octógono y aun así ser ultraprocesado. Ambos sistemas son complementarios.
4. ¿Cuándo entraría en vigor la nueva etiqueta para ultraprocesados?
No existe aún una fecha. El proyecto debe completar su tramitación en el Senado y la Cámara de Diputados, y ser promulgado por el Ejecutivo. Los plazos de implementación se definirán en el texto final de la ley.
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